Condicionantes políticos de la Reforma Penal - Miguel Treviño de Hoyos

Foro sobre Seguridad y Justicia en Nuevo León

Buenos días.

Entiendo la pregunta que se nos plantea en esta mesa de la siguiente manera: más allá de la ley, ¿qué condiciona la implementación de la reforma al sistema de justicia penal en Nuevo León?, ¿qué condiciona, no la aprobación de una Ley, sino que efectivamente transitemos hacia un sistema en el que en todos los eslabones de la justicia; la escena del crimen, la agencias del Ministerio Público; los juzgados; la atención a las víctimas, los centros penitenciarios… las cosas funcionen distinto. Corrijo: la cosas funcionen, punto.

Pero la pregunta para esta mesa es todavía más específica, habla de “condicionantes políticos”, es decir, la atención no se centra en otros aspectos extrajurídicos que también pesan; la situación financiera del Estado y el contexto social de violencia, en el que las nuevas reglas se tendrían que traducir en nuevas realidades.

Antes de pasar a la pregunta específica que nos ocupa, un breve comentario sobre lo económico y lo social.

Aún los promotores más entusiastas de la reforma, me reconozco como tal, estamos obligados a aceptar que Nuevo León no vive la situación idónea para una transformación de 180 grados en la forma en que se procura y administra justicia.

Ni modo.

Necesitamos recursos hoy particularmente escasos en Nuevo León, y necesitamos estar dispuestos a pasar por una curva de aprendizaje que, si en tiempos de paz genera inquietudes, nerviosismo, e incluso dudas sobre si vale la pena seguir avanzando en el cambio o mejor nos regresamos, en tiempos violentos generará aún más. Esto hay que asumirlo y reconocerlo ya, para evitar titubeos más adelante.

Y tener claro que si el camino de transformación es complicado y costoso, la alternativa es quedarnos donde estamos: con policías que no están preparados para custodiar las evidencias de un delito, con MPs que no investigan, con jueces que delegan la lectura de expedientes que no dicen nada, con cárceles llenas de gente inocente y con 99 de cada 100 personas que cometieron un delito libres en la calle.

Esto nos lleva a una pregunta de sentido común: ¿y si quedarnos donde estamos no es alternativa, para que hablamos entonces de condicionantes políticos cuando sólo hay un camino posible?

Quedarnos donde estamos no es alternativa para los nuevoleoneses que demandamos un sistema de justicia que funcione; pero sí es alternativa para los tomadores de decisiones en la esfera política que hoy están en un puesto y mañana en otro.

Por esto vale la pena desmenuzar cuales pudieran ser los condicionantes que empujan al cambio real, y aquellos que empujan a un cambio tan gradual que termina pareciéndose mucho a la inmovilidad.

Entiendo por condicionantes políticos:  las expectativas de premios y castigos que afectan el comportamientos de los actores políticos.

Antes de empezar a identificarlos me parece una obligación, como panelista y como parte del equipo organizador de este evento, dejar en claro –después de las presentaciones de ayer del Gobernador del Estado y del Presidente del Tribunal Superior de Justicia– que éste no pretende ser un encuentro de ciencia ficción.

Decía ayer el Gobernador, mientras hablaba de la construcción de salas de audiencia y de la participación de la sociedad, y de la importancia de combatir la corrupción, que “en Nuevo León lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien”; “estamos trabajando todos los días con la misma intensidad para hacerla bien”.

Me puedo imaginar la confusión de los asistentes menos familiarizados con el tema que se preguntan: si ya se aprobaron las leyes que había que aprobar; si Nuevo León empezó antes que todos los estados; si ya se están dando cursos de capacitación… entonces, ¿para qué tanto alboroto?

Hablar de la realidad implica centrarnos en lo que pasa ahí donde el ciudadano recibe –o no recibe– un servicio de los órganos de justicia.

De lo que tendrían que haber hablado el Gobernador y el Presidente del Tribunal –si su interés estuviera en la realidad y no en el cascarón de la realidad– es en indicadores de desempeño. No oí nada de eso. Tendríamos que estar hablando de porqué si Nuevo León empezó primero será al último en terminar. El Gobernador tendría que estar explicando porqué si está tan comprometido con la reforma dejó el 65 por ciento de los delitos, los que más lastiman a la sociedad, para ser incluidos bajo las nuevas reglas a partir del 2016. Es decir, cuando ya se haya ido. Tendríamos que estar hablando de porqué cuando las 1,800 personas a las que cada mes les roban un carro, cuando acuden a una agencia del ministerio público a denunciarlo, salen de esa oficina con la convicción de que lo ahí denunciado no se va a investigar.

Por todo esto, porque vemos a una clase política en el Estado; Gobernador, legisladores y magistrados, en su mayoría más preocupados por tener leyes aprobadas que vistan su discurso, que por tener nuevas realidades, por eso tiene sentido organizar un Foro como éste.

Cuando tengan alguna duda de a quien creerle, a lo que ven con sus ojos o a lo que dicen los políticos, les dejo una recomendación: créanle a lo que ven con sus ojos.

Perdón por desviarme del tema, pero creo que era necesaria la aclaración.

Empiezo por poner sobre la mesa aquellos condicionamientos que, tal vez, explican por qué estamos estancados en la implementación de la reforma a la justicia penal.

El primero tiene que ver con lo electoral. En la próxima elección en el Estado el factor decisivo no será el nivel de compromiso de los actores políticos ya mencionados con esta causa. Los esfuerzos por poner la causa en el centro del debate han sido notables, Ernesto Canales ya hasta productor cinematográfico se volvió, pero creo que –desgraciadamente– seguirá pesando más la promesa del político de mantener a los militares en las calles, que la promesa de trasformar el funcionamiento de las agencias del Ministerio Público, por ejemplo.

Las organizaciones de la sociedad interesadas en el tema tenemos tarea.

Segunda condicionante: la implementación de la reforma implica un alto nivel de coordinación entre los tres poderes locales, y algo de coordinación con el Gobierno federal. La coordinación es un recurso escaso. Este recurso hoy se invierte en asuntos más visibles e inmediatos, como poner de acuerdo a los alcaldes para eliminar los polarizados de los carros, y esta tarea deja casi agotada la energía de coordinación que tiene el Estado.

El tercer condicionante negativo es la facilidad con la que las nuevas reglas se convierten en chivo expiatorio de las fallas en la procuración y administración de justicia. A alguien se le ocurrió decir que “en Chihuahua un criminal salió de la cárcel por culpa del nuevo sistema”, y al día siguiente todo mundo lo creía. Al Gobernador le resultó más fácil prometer ajustar el nuevo sistema (con la siguiente falla se le ocurrirá otra promesa) que explicar y profundizar en la implementación del mismo hasta que finalmente rinda sus frutos.

Paso al cuarto y más importante de los condicionantes políticos de la Reforma.  Si me hubieran dado 30 segundos para esta presentación los hubiera ocupado en repetir esta frase de Christian Riego, del Centro de Estudios Judiciales para las Américas,  al concluir una serie de visitas a agencias del Ministerio Público en diferentes estados de nuestro País:

“En México las procuradurías, antes que un eslabón de la justicia, son una forma de ejercer el poder”.

Creo que no hace falta mucho repaso histórico para reconocer a nuestros gobernadores como administradores de pan y palo con su tesorero de un lado y su procurador del otro.

Creo que del lado de los condicionantes negativos ya va siendo suficiente.

¿Dónde están las palancas de quienes sí queremos que las cosas cambien?

La podemos sintetizar en una: hoy los nuevoleoneses saben que el Estado ya no está para aspirinas, estamos listos para los cambios grandes.

Cuando hablamos de falta de liderazgo para implementar la reforma nos referimos precisamente a esto; a esa capacidad –todavía no demostrada– de estar en sintonía con la aspiración legítima de la gente de escuchar cuáles son las instituciones que habremos de construir para tener un sistema de justicia que funcione, y dónde está el trabajo concreto encaminado a concretar esta construcción.

Mucha gente está enojada por la falta de liderazgo de la autoridad estatal, y esta carencia en ningún otro tema se refleja con tanta nitidez como en la implementación de la reforma de justicia.

Fuera del ámbito Federal, en ningún otro estado como en éste hay una red de organizaciones de la sociedad, de todo tipo, desde las cámaras empresariales hasta las organizaciones de derechos humanos, que dicen: “sí queremos un cambio de fondo a las reglas de la justicia y estamos dispuestos a pagar el precio y a defenderla hasta que sus resultados empiecen a hablar por sí mismos”.
 
En ningún otro estado, las universidades públicas y privadas se empezaron a poner al día tan rápido, en infraestructura y en su currícula, para formar a los abogados que las nuevas reglas requieren.

A ellos el Estado les responde: “espérate hasta el 2016”.

En ningún otro estado los medios le dan la cobertura que aquí se le da a la reforma judicial.

La comunidad académica nacional; los investigadores líderes en la materia de la UNAM, el CIDE, el ITAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la comunidad de activistas del País y de familiares de víctimas; todos se han volcado en apoyo para Nuevo León como el laboratorio idóneo para una buena implementación.

Ante todas estas condicionantes positivas de la reforma, la respuesta de las autoridades es: espérame tantito.

En el resto del País se van a tomar máximo 8 años para implementar la reforma, aquí nos vamos a tomar 12.

Además, en otros lados se siguen modelos probados de implementación; todos los delitos en una región, en ella se aprende, y en la siguiente se corrige, y así sucesivamente.

En Nuevo León la respuesta del Ejecutivo avalada por los legisladores ha sido inventar el hilo negro, una gradualidad por delitos que en ningún otro lado ha funcionado.

En otros lados hay Gobernadores y procuradores que se juegan su carrera política y apuestan su futuro profesional a ésta, que es la transformación a la justicia más importante de la que se tenga memoria. El procurador de Baja California se siente orgulloso de lo que ha hecho y por ello viene acá a platicarnos de su experiencia. En Nuevo León nuestro procurador canceló su asistencia porque no le gustó la forma en que estaba planteado el tema de su mesa.

En síntesis, reformar la justicia en los lugares en los que ésta se tiene que producir (no en los papeles) implica la definición de quien implementa en torno a tres disyuntivas:

La primera, la disyuntiva entre poder y justicia: las procuradurías como mecanismos de control político, como recurso para proteger al amigo; o bien como auténticas fiscalías que nos representan y defienden ante el agravio.

La segunda disyuntiva es la del tiempo. Es ingenuo pedirle al político que deje de trabajar en aquellas acciones de corto plazo que le reditúan apoyo inmediato. Pero tenemos que ser capaces, de alguna manera, de castigar al que sólo hace eso y premiar al que se compromete con transformaciones de largo plazo.

La tercera disyuntiva es entre el hardware y el software. Hardware son las 40 salas de juicio oral de las que hablaron ayer. Pero ninguna historia de éxito de la reforma.

En otros lados tiene dentro de su narrativa “construcción de salas”. Las narrativas están más bien planteadas en cómo se transformó la forma de operar de todos los actores del sistema, cómo se cambió el sistema operativo, cómo cambió la cultura, cómo se creó un nuevo software. Ese sí puede generar justicia.

Nuestro reto como organizaciones de la sociedad es empujar; es tratar de crear condicionamientos políticos favorables a la definición correcta en torno a cada una de estas tres disyuntivas. Pero la realidad –hay que decirlo– es que para que un político opte por la justicia en lugar del control político; opte por las transformaciones profundas y no por lo inmediato; opte por cambiar el software y no por limitarse al hardware; necesita columna vertebral.

Cierro con un concepto que es el más común de los lugares comunes para sintetizar la correspondencia entre una sociedad y su gobierno : “los pueblos tienen los gobiernos que se merecen”. Los nuevoleoneses hoy tenemos que reconocer con humildad, ante la crisis de violencia y la descomposición social que vivimos, que esta máxima tiene mucho de cierto.

Pero también hay que decir que esta regla, como todas, tiene su excepción: en materia de reforma a la justicia no nos merecemos este Gobierno. Categóricamente no.

En este tema, en Nuevo León, mucho más que en cualquier otro estado, las organizaciones de la sociedad, las universidades, las cámaras empresariales y los medios de comunicación hemos puesto nuestra parte. Nos hemos preparado, hemos buscando las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia , hemos traído a especialistas de todos lados, hemos arrastrado el lápiz junto a las autoridades para ir más allá de las leyes y meternos a la ingeniería de transformación, para que al final se ignorara este esfuerzo.

De 2001 a la fecha, cuando Renace empezó con todo esto, hemos visto pasar a cuatro gobernadores y aquí seguimos, hemos visto pasar cuatro legislaturas locales y aquí seguimos, hemos visto pasar cinco cambios en el Tribunal Superior de Justicia del Estado y aquí seguimos.

Nos dijeron que no se podía, que había que cambiar la Constitución Federal, que había que convencer a 500 diputados, a 128 senadores y al Presidente. Ya fuimos, lo conseguimos, regresamos… y aquí estamos. Que quede claro: no nos vamos a cansar.

Cada mexicano y cada nuevoleonés merece acceso real a la justicia. Lo vamos a conseguir, con esta clase política, al margen de esta clase política, o a pesar de esta clase política.

Muchas gracias.

Miguel B. Treviño de Hoyos

6 de Julio de 2011