Novena conferencia de Prensa Mensual
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Resultados del Semáforo del Delito para Septiembre de 2011
17 de Octubre de 2011
Gracias por acompañarnos en esta presentación mensual sobre la evolución de la incidencia delictiva en el Área Metropolitana de Monterrey. En estos encuentros los organismos aquí presentes fijamos la postura a nombre de nuestros representados en torno al trabajo que hacen las autoridades municipales y la estatal para devolverle la paz a Nuevo León.
Lo sucedido en el mes de septiembre, reflejado en el Semáforo del Delito, nos presenta lecciones y focos rojos de los que hay que aprender para seguir avanzando en la dirección correcta:
I. Guadalupe: depuración en serio da resultados
II. Robo a vehículo; las metas numéricas sirven
III. Policía estatal; mucho ruido y pocas nueces
I. Guadalupe
Probablemente la señal más alentadora de todo lo que nos presenta el Semáforo del Delito para el mes de septiembre, es el poder empezar a ver una reducción de la incidencia en la comisión de diferentes delitos en el municipio de Guadalupe. Vale la pena aclarar que este municipio sigue estando predominantemente en rojo; que se comenten muchos delitos; que en la mayoría de los indicadores están por encima de su promedio histórico; que falta mucho por avanzar; pero resaltamos que las tendencias son a la baja.
Hace cinco meses, revisen sus apuntes, les dijimos, Guadalupe está muy mal, pero ya empezaron a depurar en serio. Después de esto les comentamos, en repetidas ocasiones, que por la baja presencia policial en este municipio, producto de la depuración –de 800 policías llegaron a tener sólo 100–, la delincuencia no iba a bajar aún y cuando su policía estuviera ya limpia. Y así sucedió.
Resultó interesante que aunque Guadalupe seguía siendo de los municipios más inseguros del Área Metropolitana los ciudadanos ya empezaban a reconocer (esto quedó reflejado en el pulsómetro) a su alcaldesa entre las más comprometidas con la solución a fondo del problema.
La historia de lo que pasó en Guadalupe pudo haber sido la de cualquier otro municipio; depurar tiene un costo; la delincuencia no baja de inmediato porque a menor presencia de policías –aunque estén limpios– los espacios para violar la ley son mayores. Así sucedió en Guadalupe.
Hoy, medio año después de iniciada la depuración, Guadalupe presenta tendencias a la baja en robo a casa, robo a persona, robo a negocio, robo a auto y violación. Hay que recalcar que en uno de los delitos a los que más atención hemos puesto, nos referimos a robo a vehículo, la aportación de Guadalupe al cumplimiento de la meta estatal de bajar la incidencia en un 20 por ciento es fundamental. En Guadalupe se robaron en septiembre 154 automóviles menos que en agosto, es decir, se redujo en 37 por ciento la comisión de este delito.
Si en Apodaca, Juárez y Santa Catarina se hubiera iniciado el proceso de depuración hace tiempo y a fondo, probablemente estarían entregando las mismas cuentas que Guadalupe. Pero esto exige liderazgo de los alcaldes, voluntad de enfrentar el problema a fondo y disposición a pagar el costo de corto plazo.
El esfuerzo de Gobierno del Estado y del Gobierno Federal debe ir también encaminado a obligar, por todos los medios, a los municipios a hacer su trabajo en materia de depuración. Guadalupe es el ejemplo de que cuando los tres órdenes de gobierno se alinean detrás de un solo objetivo, los resultados llegan más temprano que tarde.
II. Robo a vehículo
Con un mes de retraso, pero se cumplió la meta fijada por el Gobierno del Estado de estar por debajo de los 1,550 autos robados al mes. En septiembre se robaron 1,539 vehículos, cifra que además representa una segunda reducción consecutiva en la incidencia de este delito.
Lo primero que es necesario señalar es la importancia de que el Estado fije una meta. La reducción en la comisión de este delito es casi generalizada en el Área Metropolitana, esto pudiera estar explicado, en parte, por la existencia de una estrategia común y una implementación coordinada.
No perdamos de vista (y no se trata de regatear méritos sino de entender nuestra realidad) que la reducción en el robo de automóviles coincide con la llegada de un contingente importante de efectivos militares y de la Policía Federal a la entidad en reacción a la masacre del Casino Royale. Apuntamos este hecho, por un lado para tener una mejor comprensión de la reducción al robo de automóviles en septiembre, y por el otro para reconocer y agradecer el compromiso del Gobierno Federal con el abatimiento de la inseguridad en Nuevo León.
Si el fijar una meta específica, con el seguimiento que esto supone, nos permitió dar un paso importante en el abatimiento de este delito que ha afectado a tantas familias de Nuevo León, lo natural es que se de a conocer el nuevo objetivo para octubre. Hace unos días el Gobierno del Estado, en conjunto con los municipios, fijaron como meta para octubre una reducción del 12 por ciento en robo a vehículos con respecto a septiembre. El avance es menor del que quisiéramos ver, pero reconocemos que lo más importante es el compromiso concreto y el seguimiento que lleve al cumplimiento con el mismo.
Proponemos al Gobierno del Estado fijar la fecha en la que la incidencia de este delito regresará a los niveles que vivíamos antes del inicio de la crisis de violencia e inseguridad que padecemos.
III. Policía estatal en Monterrey
El Gobierno del Estado todavía no predica con el ejemplo en su forma de enfrentar los altos índices delictivos en la parte del municipio de Monterrey que le toca cuidar. La Capital del Estado, en general, es un municipio inseguro, pero es notorio que los pequeños avances de la policía regia contrastan con el estancamiento o deterioro de la de por sí precaria seguridad de las zonas donde cuida la policía Estatal.
• En robo a persona, en lo que cuida la policía Estatal se vio un incremento de 23%, en lo que cuida la Regia una disminución del 15%.
• En robo a negocio, la zona que cuida la Estatal se encuentra estancada, empeoró en 1%, pero en lo que cuida la Regia mejoró con una disminución de delitos del 15%.
• Y paradójicamente, habiendo sido el Gobierno del Estado quien fijó la meta, la contribución de la policía estatal a la reducción del 20% prometido para robo de autos, fue muy modesta. Mientras en Guadalupe se robaron 154 automóviles menos y en la zona que cuida la policía Regia se robaron 225 menos; es decir en ambos casos las reducciones se acercan al 40%, en lo que cuida la policía estatal sólo se robaron 37 automóviles menos, es decir, un 13 por ciento de reducción.
Por ello no podemos dejar de insistir en cuestionamientos que ya hemos hecho antes:
¿Cómo va la depuración policial en la Policía Estatal? El Gobierno del Estado se dice imposibilitado para obligar a los municipios a transparentar los procesos de depuración. ¿Y la depuración del Estado?. Necesitamos garantías de que los dictámenes de “no apto” que salen del CISEC, efectivamente se estén convirtiendo en despidos de parte de la policía estatal. No hay pretexto que valga para que el Estado deje de transparentar el proceso de depuración que cae enteramente bajo su responsabilidad.
Ante las dificultades de la policía estatal para cuidar la parte que le toca de la Ciudad, es inevitable preguntar; ¿cómo va la transmisión –ya prometida– de la policía de primer piso al municipio de Monterrey? ¿Qué argumentos puede tener el Estado para no regresarle la policía preventiva al Municipio cuando sus resultados son tan pobres?
Consideramos irresponsable de ambas instancias de Gobierno, del Estado y del Municipio, que no se pongan de acuerdo sobre los tiempos y condiciones de la unificación de la policía de nuestra ciudad Capital, cuando los costos de su desidia evidentes para la sociedad.
La incidencia delictiva en Monterrey por cada 100 mil habitantes es tan alta, entre otras cosas, porque no hay claridad sobre quién manda, sobre quién tiene que responderle al ciudadano que se siente amenazado en su tranquilidad.
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De esta conferencia de prensa se desprenden tres exigencias de compromisos concretos de parte de la autoridad:
1. Cumplir con la nueva meta de reducción en la incidencia de robo a vehículo y fijar el mes en el que llegaremos a los niveles que vivíamos antes de la crisis de violencia que estamos viviendo;
2. Transparencia en la depuración policial que le corresponde al Estado; en ésta queremos el amarre preciso entre los resultados de las evaluaciones del CISEC y los despidos que está haciendo el Gobierno del Estado; y
3. Tiempos y forma en que se pasará al ayuntamiento de Monterrey el control y la responsabilidad de la seguridad preventiva de la Capital del Estado.