Séptima conferencia de Prensa Mensual - Resultados del Semáforo del Delito para julio de 2011

Gracias por estar aquí con nosotros en este ejercicio de comunicación en el que organismos intermedios del sector privado establecemos nuestra posición sobre los resultados de las autoridades Estatal y municipales en materia de seguridad.

 

Desde esta plataforma de comunicación, y con la mira puesta en aportar lo que nos toca para ir resolviendo la situación que vivimos, hemos señalado aciertos y errores de las autoridades locales en base datos duros.

 

Nuestros insumos han sido principalmente el Semáforo del Delito; información sobre robo a negocio recabado con las cadenas comerciales de más presencia en el Área Metropolitana y estamos por incorporar más información estadística que nos dará un panorama más completo de la incidencia delictiva en la entidad.

 

Como en meses anteriores empezaremos por señalar avances particulares a nivel municipal y estatal y terminaremos abordando lo que más preocupa a nuestros asociados: el deterioro de la seguridad en los delitos que más lastiman a la sociedad.

 

Esto nos lleva a insistir y a aportar nuevos elementos sobre algunas de las exigencias planteadas el mes pasado. Exigencias que por su importancia recibieron amplio respaldo de las organizaciones cívicas y empresariales a las que representamos. A principios de julio demandamos golpes de timón de la autoridad estatal en: 1. Prevención del delito, 2. Presupuesto de seguridad, 3. Investigar en vez de prejuzgar homicidios, 4. Depuración y 5. Robo a vehículo.

 

Hoy reiteramos el sentido de las demandas planteadas hace un mes y además aportaremos nuevos elementos que refuerzan la urgencia de que las autoridades corrijan estrategias y redoblen esfuerzos. Nos concentraremos en la urgencia de empezar a abatir de inmediato el robo a vehículo y de completar el ciclo de la depuración, que no termina en la prueba de control de confianza, sino en la separación de sus cargos de los policías no aptos.

 

Vemos como una buena señal que el Gobierno del Estado empiece a fijar metas numéricas de reducción del delito, hablaremos de ello. Pero exigiremos también que junto a estas metas se definan las consecuencias de su incumplimiento, en caso de darse.

 

El orden de temas específicos a tratar será el siguiente:

 

1.    Robo a casa: bajo control en la mayoría de municipios

2.    Cristalazo: cuatro meses consecutivos en verde

3.    Guadalupe: ¿luz al final del túnel?

4.    Robo a vehículo: compromiso y consecuencias

5.    Depuración completa: ¿hasta cuando?

 

Desarrollo:

 

1.    Robo a casa: bajo control en la mayoría de municipios

 

Estamos lejos de poder echar campanas al vuelo, pero es importante reconocer que en robo a casa llevamos tres meses consecutivos en amarillo a nivel de toda el Área Metropolitana. El día de hoy se roban 25 por ciento menos casas que el año pasado.

Preocupa el caso de Guadalupe que se separa de esta tendencia positiva, pero creemos que este municipio atraviesa por una coyuntura particular que merece comentarse aparte y así lo haremos más adelante.

 

2.    Cristalazo: cuatro meses consecutivos en verde

 

Es cierto que una de las hipótesis más recurridas para explicar la significativa reducción en las denuncias de este delito es que quienes antes sustraían objetos de los autos, ahora se los roban completos.

El hecho concreto es que el delito lleva cuatro meses consecutivos en verde y que el día de hoy tenemos 40 por ciento menos cristalazos que el año pasado.

 

3.  Guadalupe: ¿luz al final del túnel?

 

Decíamos que el municipio de Guadalupe es el único en el que robo a casa sigue subiendo y en robo a vehículo presenta una de las tendencias ascendentes más preocupantes del Estado. En complemento, es importante señalar que, aunque en magnitud menor, Guadalupe lleva dos meses consecutivos haciendo disminuir el robo a persona y consiguió un primer descenso en robo a negocio, que esperamos se convierta en tendencia.

 

Queremos insistir en que la alcaldesa Ivonne Álvarez ha hecho uno de los esfuerzos de depuración más decididos del Estado. Eso, naturalmente, puso al municipio en una situación –coyuntural– de bajísima presencia numérica de policías en Guadalupe. Apenas hace un par de semanas pudieron terminar los procedimientos para la contratación del primer contingente de alrededor de 100 nuevos elementos.

Estas contrataciones por bloques, y a marchas forzadas, continuará en las próximas semanas y meses. Para que éstas se concreten de manera óptima seguirá siendo fundamental el apoyo que hasta hoy han recibido del Gobierno del Estado y del Ejército.

 

4.    Robo a vehículo: compromiso y consecuencias

 

Por sombrío que sea el panorama, desde la sociedad no podemos dejar de hacer lo que nos toca en el abatimiento de este delito: denuncia ante el MP tan rápido como sea posible, reporte anónimo a la SEDENA al 089; a los comerciantes los invitamos a instalar cámaras y barreras a la salida de los centro comerciales.

Como organismos intermedios nos toca pedir tanto a nuestros representados como a las autoridades acciones específicas para que a base de abatir delito por delito recuperemos la seguridad.

 

A principios del año en curso el Gobierno del Estado anunció un gran operativo con 30 filtros territoriales y con la participación de los diferentes órdenes de Gobierno para atacar el robo a vehículo. La estrategia no funcionó. Hoy se roban 30 por ciento más automóviles que cuando se lanzó este operativo a principios de año y el doble de unidades que cuando inició la actual administración estatal.

 

Frente a esta situación objetiva, y siendo el robo a autos el delito que ha generalizado la sensación de vulnerabilidad entre la sociedad, era fundamental que el Gobierno del Estado, principal responsable en el abatimiento de este delito, empezara a establecer metas concretas y plazos fatales para su cumplimiento.

Hace falta, sin embargo, despejar dudas o imprecisiones en la meta de reducción de robo de automóviles fijada para este mes. De esa forma el próximo mes, en este espacio, seremos justos en nuestra evaluación del Gobierno, pues estaremos midiendo al Estado contra lo que dijo y no contra lo que creímos que dijo.

Iniciando el mes en curso nuestros referentes sobre robo a vehículo oscilaban entre los 1,700 de enero y los 1,850 de junio. Esa era la información disponible cuando el Gobierno del Estado prometió –suponemos que a partir del lanzamiento de una nueva estrategia de combate a este delito– que en el plazo de un mes se reducirá en 20 por ciento la comisión de este robo.

 

Un par de días después de hecha la promesa se publicó el Semáforo del Delito que presenta el delito disparado de niveles que pensábamos ya eran el tope. Estamos hablando de casi 2,300 automóviles robados en julio.

 

La pregunta concreta a las autoridades estatales es si entendimos bien cuando –con 1,850 robos de vehículo como referente– se nos ofreció que al finalizar agosto estaríamos por debajo de los 1,500 robos mensuales. No queremos pensar que la promesa fue deliberadamente ambigua y engañosa al no fijar el punto de partida, pues de ser así, la traducción de la misma es que al finalizar agosto estaremos exactamente igual que el peor de los meses del primer semestre del año.

 

En un supuesto o en otro necesitamos claridad, y por ello solicitamos atentamente a las autoridades que nos aclaren a qué se están comprometiendo; las nuevas estrategias y al esfuerzo redoblado nos llevarán: ¿a menos de 1,500 o a alrededor de 1,850 robos de auto al mes?

 

De la misma manera, por el impacto que este fenómeno tiene en quienes lo sufren y sus familias, y por los niveles delictivos fuera de toda proporción que ya alcanzamos, demandamos que junto a la meta por alcanzar se establezca la consecuencia de incumplir.

 

Estamos convencidos de que sólo se pueden robar 75 vehículos al día, todos y cada uno de los días del mes, cuando hay funcionarios coludidos con los criminales. Por eso demandamos metas claras y consecuencias contundentes. Y después de cumplidas éstas; nuevas metas y nuevas consecuencias.

 

5.    Depuración completa: ¿hasta cuando?

 

La ola de homicidios que vive el Estado tiene efectos desmoralizantes, primero por la razón obvia, el valor de cada vida, pero además por el involucramiento, en muchos casos, de elementos de seguridad estatales o municipales como cómplices o actores materiales de los homicidios, levantones o secuestros.

 

A todos los alcaldes les decimos, con la misma energía que lo hace en cada oportunidad el general Noé Sandoval, comandante de la Cuarta Región Militar: la depuración no es voluntaria, es obligación de cada presidente municipal. En su papel de autoridades son los primeros obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes.

 

Hemos insistido también a la autoridad estatal en la necesidad de transparentar la información sobre qué municipios están depurando en serio y cuáles le están sacando la vuelta a esta prioridad. La información existe, la tiene el Estado a la mano, y el valor de acceder a ella es evidente pues no hay otra manera en que los ciudadanos puedan inferir, antes de que se presente un hecho trágico, en qué municipios hay infiltración y en cuáles no.

 

Todos los meses tenemos eventos –homicidios, levantotes o secuestros– en los que hay policías infiltrados y gente inocente muerta como consecuencia de ello. El más reciente es el caso de Allende, pero antes fue Santa Catarina o Zuazua, o cualquier otro municipio. Frente a esta realidad que se repite una y otra vez, tenemos derecho a saber qué municipios están haciendo el trabajo de depuración y qué municipios no lo están haciendo.

 

Esta información que hoy permanece oculta sería útil a la gente, no sólo por la oportunidad que ofrece de ejercer presión a aquellos ayuntamientos que no están haciendo su trabajo, también por que le permite al ciudadano tomar decisiones preventivas para proteger su vida. ¿Quién quiere hoy vivir en un municipio en el que su alcalde se niega a limpiar las fuerzas policiales y acepta trabajar con policías que no son dignos de confianza?

 

Frente a esta realidad la respuesta en la práctica del Gobierno del Estado es: sí sé que municipios no depuran, pero no te lo voy a decir.

 

La respuesta del Estado cancela el derecho del ciudadano a exigirle a su alcalde la tarea que hoy es la más importante de todas: limpiar la policía. Además, la respuesta es profundamente irresponsable, porque le niega a la gente información que le ayuda a procurarse seguridad.

 

Como lo hicimos hace un mes, hoy volvemos exigirle al Gobierno del Estado que haga pública la información sobre la depuración policial de los municipios.

 

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Desde los organismos intermedios aquí representados tomamos la decisión hace más de un año de involucrarnos activamente en el entendimiento de la difícil situación que vive el Estado y trabajar para ser parte de la solución.

 

Nos comprometimos, explícitamente, a participar con los órganos del Estado en las reuniones en las que se trate el problema de la seguridad; así lo hemos hecho.

 

Nos comprometimos a explicar, a nuestros asociados y a la sociedad en general, que los cambios son complejos y que estos no dan frutos de la noche a la mañana; así lo hemos hecho.

 

Nos comprometimos incluso, a ir más allá de lo que le corresponde a la sociedad en una materia como la seguridad, y ofrecimos generar propuestas de política pública para involucrar a la sociedad en la solución de los problemas; así lo hemos hecho.

 

Pero también dijimos, y lo dijimos muy claro, que si las autoridades Estatal o municipales dejaban de hacer lo que les toca; o si los cambios no se implementaban con la profundidad y el sentido de urgencia que se necesita; y si como consecuencia de esto, el trabajo de las autoridades no se refleja en disminuciones, aunque fueran paulatinas, de la incidencia delictiva, aquí estaríamos para señalarlo.

 

Aquí estamos y aquí seguiremos, señalando y exigiendo trabajo y resultados a nombre de nuestros representados y siempre buscando devolverle la paz y la seguridad a Nuevo León.

 

 

Nuevo León

15 de Agosto de 2011

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