A la libre elección del sistema de Gobierno y a la selección de los mandatarios, en un régimen democrático. A la participación activa en la política y en la vida pública.

A la libertad de emprender, al trabajo, al salario justo, a la igualdad de oportunidades, a la propiedad privada y al usufructo del producto del capital y del trabajo.

A la igualdad de trato ante la Ley y a la defensa jurídica.

A la búsqueda de la verdad y a la libre y responsable expresión de las ideas.

A la libertad de educación y religión.

A libre tránsito dentro del país y a salir y entrar al mismo, a su libre albedrío.

Conservar la vida y respetar la de los demás.

Reconocer y respetar los derechos de los demás.

Respetar el sistema de Gobierno legítimamente instituido y a los mandatarios auténticamente electos.

Colaborar a la prosperidad común y defender a la comunidad.

Defender la verdad.

Reconocer el interés comunitario, sobre cualquier interés particular o de grupo.

La legitimidad de Gobierno deberá basarse en el respeto a la democracia y a la voluntad de los ciudadanos.

El Gobierno establecido deberá estar soportado por la fuerza moral que le otorga la legitimidad y deberá, en todos los casos, respetar los derechos y la dignidad de las minorías.

El bien común es la razón fundamental de ser del Gobierno y de los mandatarios. Es el conjunto de condiciones de la vida social, que permiten y favorecen a los grupos a y a los miembros alcanzar su propio desarrollo y perfección.

El bien común deberá abarcar los requerimientos mínimos, físicos, intelectuales y espirituales de los ciudadanos, que debe garantizar el Gobierno.

El interés comunitario, que predomina sobre los intereses particulares, deberá ser determinado en base a los derechos y deberes naturales del individuo.

El Gobierno deberá promover y garantizar el derecho de los ciudadanos a la participación en la política y en la vida pública del país. Deberá además, alentar y respetar las asociaciones de ciudadanos enmarcadas en la Ley.